Extinción de inocencia
Con la nueva "Ley Nacional de Extinción de Dominio", todos los ciudadanos que tenemos alguna propiedad en renta corremos ahora el riesgo de perderla, y no por nuestra culpa, sino por causa de terceros.
¿Por qué los que nada tenemos que ver con el crimen o la delincuencia organizada, con el lavado de dinero o con cualquier actividad delictiva debemos estar temerosos de perder nuestro patrimonio, para el cual hemos trabajado toda la vida?
Sin ser abogado, el sentido común nos dice que esta ley viola derechos fundamentales, en especial la presunción de inocencia.
¿Los legisladores que redactaron y aprobaron esta nueva ley no se dan cuenta de la injusticia, del daño, incertidumbre y freno a la inversión que causan?
No quiero pensar que la intención detrás de ella sea utilizarla como arma o instrumento de venganza en contra de cualquier adversario político o persona que les resulte incómoda al gobierno, simplemente porque no comulga con sus ideas.
He escuchado a defensores de esta ley decir que la intención no es despojar a ciudadanos inocentes de sus propiedades, y que debemos estar todos tranquilos. Pero ¿cómo se puede estar tranquilo cuando actos de terceros, fuera de nuestro control, pueden ocasionar la pérdida de nuestro patrimonio?
A los ciudadanos no nos corresponde hacer labores policiacas, además de que nos es imposible investigar si nuestros inquilinos están o no metidos en actividades ilícitas, y que en caso de estarlo, obviamente ocultan.
Tampoco podemos estar al pendiente si alguno de ellos introduce en la vivienda o local rentado, armas, drogas, dinero o mercancía de procedencia ilícita. Lo más que un ciudadano común puede hacer antes de rentar una propiedad es pedir referencias personales, financieras y comerciales, obtener la máxima información pública disponible y hacer contratos con las protecciones que la ley y las prácticas comerciales permitan. No más.
Esta nueva ley hace trizas la presunción de inocencia y mete a ciudadanos honestos en la imposible situación de tener que demostrar su inocencia en lugar de que sea la autoridad quien deba probar sus acusaciones.
Con esta ley los ciudadanos ya ni siquiera somos presuntos culpables, sino delincuentes sentenciados, sin juicio previo, a pagar penas económicas en especie, cuyo monto además es fortuito, porque igual pudo tratarse de la renta de un pequeño local que de una bodega o un edificio completo.
Es sospechoso que si la autoridad decide aplicarle a un arrendador la ley de extinción de dominio, porque supuestamente es cómplice o encubridor de la delincuencia organizada, sólo quieran quitarle su propiedad y no meterlo a la cárcel por los delitos que le imputan. O sea que si le quitan su propiedad deja de ser cómplice o encubridor. ¿Extraño no? Les importa más quedarse con un bien que castigar delincuentes.
La verdad es que esta ley, más que de extinción de dominio, es de extinción de inocencia.
Si hasta los peores criminales tienen derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, con mayor razón debe presumirse la inocencia del propietario de la vivienda o local que el presunto criminal en algún momento ocupó.
Así lo advirtió Tatiana Clouthier el 25 de junio pasado, durante la sesión extraordinaria en San Lázaro en la que se aprobó el dictamen de esta ley:
"Lo que estamos aprobando es dar al Estado una carta abierta para disponer de los bienes de una persona incluso sin que exista sentencia firme que muestre que el bien decomisado fue obtenido por actos ilícitos".
Pidamos al Presidente López Obrador que, en un acto de congruencia y de demostración de respeto a la constitución y derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, vete esta ley que atenta contra el patrimonio de mexicanos honestos, y se modifique de manera tal que los únicos que sientan miedo de perder sus bienes sean los delincuentes y criminales, y no los ciudadanos que de buena fe decidimos rentar nuestro patrimonio.
Si los políticos todos los días tienen el atrevimiento de pedirle a los ciudadanos que confiemos en ellos, en su honestidad material e intelectual y en la viabilidad de sus políticas públicas, lo menos que pueden hacer es confiar en nosotros, modificando esta ley que elimina toda presunción de inocencia y dándonos así al menos, el beneficio de la duda.
"Si la congruencia huye, la honestidad
muere".
Yo