Con todo respeto

Si preguntamos a cualquier mexicano ¿cuál es la principal promesa de campaña de López Obrador, lo que le hizo ganar las elecciones y el corazón de su administración?, la respuesta sin duda es: acabar con la corrupción.

No obstante lo anterior, de acuerdo con el Índice de Capacidad de Combate a la Corrupción (CCC) que por primera vez ha sido elaborado, México aparece en el antepenúltimo sitio, sólo arriba de Venezuela y Guatemala.

Muchos defensores de AMLO y la 4T dirán que en los casi seis meses que lleva la actual administración es imposible revertir décadas de corrupción. Cierto. Este mal no se arregla de la noche a la mañana. Pero lo que sí podemos ver de la noche a la mañana es si los pasos que se han comenzado a dar van en la dirección correcta, lo cual no es posible afirmar cuando se exonera o se pacta con corruptos del pasado, cuando la investigación de casos de corrupción y la aplicación de la ley es selectiva, o cuando el 74 por ciento de las compras y contrataciones del gobierno se hacen por medio de adjudicaciones directas, haciendo de la excepción la regla y contraviniendo lo que claramente establece el Artículo 134 de la Constitución: "Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas...".

El reporte de México en el Índice CCC habla de una "ausencia de progreso" en el combate a la corrupción y menciona como una de las preocupaciones clave, la independencia y eficiencia del sistema judicial mexicano, en el que los juzgados continúan propensos a la intromisión política, señalando que si acaso hay una fuerza anticorrupción en México, ésta está fuera de la esfera del gobierno, y corresponde a los esfuerzos que la sociedad civil, medios de comunicación y el sector privado han hecho. Y a pesar de ello, el propio Presidente acusa a estas organizaciones de ser "fifís conservadoras" que buscan mantener privilegios, cuando han sido las más activas en la promoción de leyes anticorrupción, en muchos casos luchando contra el propio gobierno para lograr su aprobación y/o correcta aplicación y en otros más haciendo el trabajo de investigación que las autoridades debieran hacer para sacar a luz y castigar casos de corrupción.

El reporte menciona también que el compromiso de AMLO para combatir la corrupción será puesto a prueba en las acusaciones de corrupción que miembros de su propio partido enfrentan, aludiendo específicamente al caso del delegado federal en Jalisco, señalado por la adjudicación directa de contratos para proveer medicinas a través de compañías farmacéuticas controladas por él.

Es inevitable pensar y suponer que detrás del 74 por ciento de adjudicaciones directas que la administración de AMLO ha otorgado hay corrupción, lo que pone en duda la veracidad de la bandera de honestidad que la 4T enarbola, y si el cambio de régimen al final será sólo el cambio de una mafia por otra.

Nadie pide imposibles. Lo que pedimos y tenemos derecho a exigir sin que se nos etiquete como conservadores fifís es congruencia, racionalidad de las decisiones, capacidad y eficiencia y que las acciones del gobierno, aunque en la forma parezcan distintas, no sean en el fondo iguales o peores a las del pasado corrupto que queremos erradicar.

Lo que pedimos es que los cuestionamientos serios y los datos que se muestran diferentes a los que el presidente expone, se evadan respondiendo que "con todo respeto" se difiere o se tienen otros datos.

Los datos duros, las evidencias científicas y las experiencias técnicas no son opiniones que se emiten para que "con todo respeto" se hagan a un lado y se siga haciendo lo mismo. Si las evidencias y el conocimiento se refutan, los "otros datos" deben demostrarse.

Si el combate a la corrupción de la 4T va en serio, con "todo respeto" les digo que lo único que tienen que hacer para lograr avances y resultados visibles e inmediatos es: evitar al máximo las adjudicaciones directas, auditar el pasado y el presente, transparentar los resultados y aplicar la ley. Y por encima de todo, no insultar la inteligencia ciudadana mintiendo, lo cual ocurre cada vez que el Presidente dice que no miente.

"Las falsas esperanzas
son verdaderas mentiras".

Yo