Presos inocentes
Los ciudadanos en general no nos damos cuenta de la importancia que tiene la discusión que se está llevando a cabo en la Suprema Corte acerca de la forma como se aplica la prisión preventiva oficiosa, cuyo abuso hace caso omiso de la presunción de inocencia y provoca que decenas de miles de personas inocentes pasen años de su vida en la cárcel.
Para los que no lo sepan, la prisión preventiva es una figura legal que permite encarcelar a las personas sin que hayan sido condenadas. Si una persona es acusada de uno de los 16 delitos que ameritan prisión preventiva, basta con que el juez vea indicios mínimos de que la investigación debe continuar, para que el denunciado vaya directo a la cárcel.
El problema es que si las autoridades por la razón que les venga en gana deciden agregar a las acusaciones alguno de los delitos de esa lista, sin siquiera tener pruebas, terminaremos en la cárcel hasta demostrar nuestra inocencia, lo cual puede durar años o décadas.
Es importante mencionar que la propuesta que se discute en la Suprema Corte no es para que la prisión preventiva desaparezca, sino que solo pueda ser dictada por un juez cuando el Ministerio Público lo justifique.
Es falso afirmar que, si se elimina o deja de aplicar la prisión preventiva oficiosa, ya no se podrá mantener en la cárcel a presuntos delincuentes. Es falso porque la prisión preventiva justificada continuaría existiendo. Ojo, la jus-ti-fi-ca-da, no la versión oficiosa o automática, con la que meten a la cárcel a cualquiera.
Es falso también afirmar que la eliminación de esta medida cautelar supone la excarcelación automática, como algunos suponen. La puerta que se abriría no sería para las personas que se encuentran en la cárcel bajo esa figura legal, sino para que sus abogados soliciten una audiencia ante el juez y sea éste, con base en el riesgo de fuga o de daño para la víctima, quien determine si el acusado debe seguir su proceso en libertad, o con alguna otra medida cautelar (como podría ser la del arraigo, brazalete electrónico, fianzas, etcétera) o si debe continuar en prisión.
En México, cuatro de cada 10 presos están en prisión preventiva, es decir, sin una sentencia que los condene. Son más de 92 mil, la mayoría, jóvenes de bajos recursos. Somos un país en el que primero se encarcela y luego se investiga, y esto es lo que debe cambiar.
La prisión preventiva oficiosa permite a las autoridades, a los influyentes y en especial al Presidente, ser "la mano que mece la cuna" detrás de las acusaciones de las fiscalías para que éstas adicionen a los cargos que presentan la comisión de delitos que ameritan prisión preventiva, aunque la investigación no tenga las pruebas suficientes para conseguir una sentencia condenatoria para los acusados.
De esta manera los presuntos inocentes pasan automáticamente a ser presuntos culpables que tratan de probar su inocencia desde la cárcel. Ejemplos del abuso de la prisión preventiva para vengarse, para extorsionar o para "encontrar" culpables que desvíen la atención de los verdaderos criminales hay muchos, unos muy famosos (Ej: Florence Cassez e Israel Vallarta, Rosario Robles, Jesús Murillo Karam, etc.) pero la enorme mayoría son ignorados y abandonados a su suerte.
Según el Presidente, "se equivocó" en la designación de ministros de la Corte debido a que algunos de ellos se han manifestado en contra de sus propuestas o intereses. "Ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos", dijo.
Pues ¿qué esperaba de los jueces, que hicieran caso omiso de la Constitución, de las leyes y de los derechos humanos solo para complacerlo?
Al Presidente le preocupa que, si se elimina o acota la prisión preventiva oficiosa, "por cualquier excusa" o pretexto se libere a "presuntos delincuentes". Su preocupación debiera ser al revés: que por cualquier "excusa o pretexto" se encarcele a presuntos inocentes.
Espero que la decisión que los ministros finalmente tomen evite el abuso de la prisión preventiva y privilegie la presunción de inocencia. De esa manera se confirmará que la equivocación no fue del Presidente en la elección de ministros, sino de los ciudadanos en la elección de Presidente.
"Es mejor correr el riesgo de salvar
a un culpable que de condenar
a un inocente".
Voltaire