¡No sirve denunciar!
El hermano del Presidente, Pío López Obrador, presentó una demanda en contra del periodista Carlos Loret de Mola, en la cual pide 200 millones de pesos para reparar el "daño moral" que supuestamente le causó por haber hecho públicos los videos en los que el primero aparece recibiendo dinero en sobres amarillos de manos de David León, ex funcionario del gobierno de Chiapas.
Al respecto el Presidente dijo: "Si puedo hacer una recomendación a mi hermano y a cualquiera, es que no sirven de nada las denuncias (...) es perder el tiempo. Yo por eso no presento ninguna denuncia".
Si para el propio Presidente presentar una denuncia es perder el tiempo, los ciudadanos quedamos con solo dos opciones: intentar hacer justicia por propia mano o resignarnos a ser víctimas permanentes de todo tipo de crímenes, delitos, abusos y negligencias.
Para quienes no lo sepan: en México de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian, y de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9%. De este tamaño es la impunidad en México.
El Presidente culpa de esto al Poder Judicial cuando en realidad es algo que le corresponde a él resolver, y lo hace no para mejorar el sistema de justicia en favor de los ciudadanos, sino para lograr tener jueces a modo, que avalen las reformas constitucionales necesarias para perpetuar su poder y hacer con el país lo que le venga en gana.
Y digo que le corresponde a él y no al Poder Judicial resolver el problema de la impunidad, porque la razón por la que los ciudadanos no denunciamos no tiene que ver con las sentencias que el Poder Judicial (jueces y magistrados) emite, sino principalmente con las complicaciones, trabas, riesgos, intimidaciones, extorsiones y corrupción de las fiscalías, de los ministerios públicos, de las policías, etcétera, y que a nivel federal dependen del Poder Ejecutivo.
Tan es así, que el fiscal general de la República es designado por el presidente de México con ratificación del Senado. Por lo que si Pío López Obrador está perdiendo el tiempo con su demanda, a quien tendría que reclamarle sería a Alejandro Gertz Manero, actual fiscal general de la República, un personaje que J. Jesús Lemus, en su libro "El fiscal imperial", describe como "el eslabón más obscuro de la 4T", quien no solo ha dado malos resultados en su gestión, sino además ha dado un uso faccioso a su cargo para dirimir asuntos personales.
Supuestamente los fiscales son autónomos, pero la realidad es que esa autonomía es aparente, pues en México, y especialmente en esta administración, se investiga, se encarcela o libera de acuerdo con las indicaciones del Presidente.
Un artículo publicado por la revisa Nexos, en octubre de 2022, decía lo que es sabido por todos: que "la ausencia de denuncia (es) causada por el temor de las víctimas y su desconfianza en las autoridades".
Los ciudadanos no denunciamos, no porque no queramos, sino porque ante el desinterés, corrupción o complicidad de las autoridades con los delincuentes, hacemos un cálculo de costo-beneficio basado en las probabilidades de recuperar bienes y/o castigar culpables, versus el tiempo y costo que significa darle seguimiento a una investigación que solo si la víctima cuenta con influencias y recursos económicos suficientes se le dará atención debida. Y cuando la denuncia tiene que ver con el crimen organizado o delitos de alto impacto, el cálculo tiene que ver además con el riesgo de ser víctimas de venganza de los acusados.
¿Qué hacer entonces? Para mí, la solución a este círculo vicioso de crimen-impunidad radica en dos cosas: por un lado, simplificar y facilitar a los ciudadanos los procesos de denuncia y garantizar su seguridad o anonimato, y por otro, con la autonomía e independencia de las fiscalías, dotándolas con los recursos materiales y humanos suficientes y capacitados para proteger a los ciudadanos, para vigilar, disuadir, esclarecer delitos y perseguir y atrapar delincuentes, siguiendo siempre el debido proceso, de manera que los jueces y magistrados puedan finalmente, con la ley en la mano, dictar sentencias que liberen inocentes, resarzan daños o condenen culpables según sea el caso.
"No es lo mismo
el que la hace la paga,
que el que paga la hace".
Yo