¿Opinión de inexpertos?

No deja de sorprenderme el desdén que el presidente López Obrador tiene hacia el conocimiento, especialmente cuando los datos que emanan de él son contrarios a sus intereses.

Así lo volvió a demostrar al reprochar el llamado "Análisis Técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el Presidente de la República", elaborado por 41 especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, que incluyen reconocidos juristas, economistas y politólogos.

Al respecto, y para empezar, el mandatario dijo: "ya ni vi nada pues (los académicos) son predecibles". O sea que sin siquiera leer el análisis arremetió contra ellos porque el documento elaborado advierte muchos de los problemas y riesgos que tienen las reformas propuestas, lo cual proporciona elementos para un debate informado.

Ahora bien, ¿por qué la reforma que más le importa al Presidente y más preocupa a los ciudadanos informados es la judicial? Para mí, la respuesta es porque con ella se podría llegar a eliminar el principal contrapeso al enorme poder que la 4T obtuvo en las recientes elecciones, con lo que aplicaría la frase del filósofo y político británico Edmund Burke, quien dijo: "Cuanto mayor es el poder, más peligroso es el abuso".

No tengo duda de la necesidad de una reforma judicial profunda, pues todos los que en algún momento hemos tenido que interactuar con el aparato judicial sabemos de primera mano que el sistema en general está podrido y siempre se inclina a favor de los ciudadanos más influyentes y con mayor capacidad económica o corruptora.

Pero una cosa es reformar el Poder Judicial para mejorar la impartición de justicia en beneficio de los ciudadanos comunes, y otra muy diferente reformarlo para controlarlo, desaparecer de facto la separación de poderes y el contrapeso que significa la existencia de un Poder Judicial autónomo, con jueces elegidos por su capacidad y no por su popularidad y sin presiones políticas sobre sus decisiones.

Por ello es que el Presidente se ha dedicado a atacar a la presidenta de la Corte y a los ministros que han votado en contra de sus iniciativas, pero no porque estén, como él dice, al servicio de la oposición, sino porque han resultado ser inconstitucionales.

La reforma judicial que los ciudadanos necesitamos no es para poner a la Suprema Corte al servicio del Ejecutivo, sino para que los ciudadanos comunes tengamos acceso a una justicia imparcial y expedita, y sin tener que enfrentar procedimientos lentos, costosos, corruptos y hasta peligrosos.

Hay muchos cambios que deben hacerse para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y el desarrollo armónico del país, y las reformas constitucionales propuestas en diferentes campos del quehacer nacional, de alguna manera los abordan, lo malo es que en medio de ellas y bajo el innegable argumento de la corrupción que impera en prácticamente todas las dependencias de gobierno, y especialmente en el sistema judicial, el Presidente y sus legisladores "cuelan" disposiciones y procedimientos que tienen un solo fin: establecer las bases para instalar una dictadura de partido como fue la del PRI durante más de 70 años, agregando en este caso además la ideología de una izquierda retrógrada.

Este es el corazón de las críticas y miedos a las reformas propuestas, no las modificaciones necesarias y tendientes a mejorar la calidad de vida de los más pobres, su educación o su desarrollo social y económico.

Dada la complejidad del tema, las ramificaciones y consecuencias que las múltiples reformas implican, la opinión de los expertos es la que más debería contar y los legisladores de Morena escuchar, pero no como mera "cortesía" parlamentaria, sino con la abierta y sincera disposición a modificar lo que haga sentido, asumiendo por supuesto, que todos antepondrán a sus intereses políticos la defensa del sistema democrático y la separación de poderes.

Pero si de lo que se trata es de no escuchar a nadie e instalar una dictadura de partido, entonces no hay nada más que hablar. El Presidente les dijo a los académicos, juristas y politólogos que opinaron acerca de las reformas: "¿para qué se meten?", y agregó que "debería invitarse a opinar a todos, no sólo a los expertos". ¿Significa eso entonces que debemos escuchar la opinión de los "inexpertos"? ¿Y como para qué?, pregunto yo.

"De nada sirve la victoria de una razón que hace perder la razón".

Yo