[Dato Protegido]

Opinar sobre asuntos públicos se refiere al derecho y la capacidad de los ciudadanos para expresar sus opiniones, ideas y sentires sobre temas de interés general. Implica la libertad de pensamiento y expresión y la participación en la vida cívica, la cual incluye el debate público sin temor a represalias.

Opinar sobre asuntos públicos no solo es un derecho, sino una responsabilidad ciudadana que contribuye a la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Lo anterior viene a cuento por la sentencia impuesta a Karla Estrella Murrieta por haber publicado un "tuit" cuestionando la candidatura de Diana Karina Barreras a diputada, quien "da la casualidad" es la esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

Si cada vez que un ciudadano critique la actuación de un político, entablarán una queja en su contra, van a tener que hacerlo con medio país.

El mentado "tuit" decía: "Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas".

Por ese simple comentario, la influyente candidata, identificada en la denuncia como [DATO PROTEGIDO] inició un proceso legal en el que luego de haber (obviamente) ganado todas las instancias, el tribunal sentenció a la ciudadana a pagar una multa, a pedir disculpas públicas durante 30 días, a leer bibliografía especializada, asistir a cursos de género y quedar inscrita en el registro de violentadores del INE.

En cumplimiento de la sentencia la ciudadana publicó la disculpa pública de la siguiente manera: "Te pido una disculpa, [DATO PROTEGIDO], por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política".

El manejo político-legal-mediático de la vida pública de los mexicanos ha llegado a niveles ridículos. Todo mundo sabe quién es [DATO PROTEGIDO], de la misma manera que en el sexenio pasado, todos sabíamos quién era "ya sabes quién".

Si [DATO PROTEGIDO] sintió que ese "tuit" fue un acto de violencia política de género y se dio a la tarea de denunciar a la ciudadana, ¿por qué ocultar su nombre? ¿De qué sirve que alguien se disculpe públicamente con una persona "anónima" que todo mundo sabe quién es y quién es su esposo?

Estas denuncias son un juego al que los tribunales no deberían dar entrada, pues solo sirven a dos objetivos igual de inútiles: convertir nimiedades en escándalos mediáticos y demostrar quién puede más, quién tiene más influencias y poder en el cooptado sistema judicial del país.

La crítica es una parte inherente de la función pública y los que a eso se dedican deben saber que están expuestos a ella y tener la capacidad de manejarla. Sin embargo, parece que las nuevas generaciones de políticos son como "Jarritos de Tonalá" (forma coloquial de referirse a personas delicadas, de temperamento muy sensible), es decir, que se rompen o se enojan con facilidad por cualquier cosa.

Cada vez es más frecuente y visible la brutal asimetría de poder que hay cuando un ciudadano común se enfrenta en los tribunales a un político con acceso a recursos, abogados e influencias prácticamente ilimitadas.

Los políticos pueden, sin que les cueste nada ni correr riesgo alguno, denunciar, demandar, amenazar, denostar y hasta hacer bullying a cualquier ciudadano u opositor que les resulte incómodo.

¿Podríamos los ciudadanos comunes demandarlos y exigirles disculpas públicas por violentar nuestros derechos, por afectar nuestra reputación al endilgarnos apodos y calificativos despectivos y etiquetarnos como racistas, clasistas, aspiracionistas, vendidos, farsantes, etcétera, o por intimidar y utilizar el poder del Estado en nuestra contra, por el solo hecho de opinar diferente?

Podríamos siempre y cuando contáramos con un Poder Judicial independiente, con una Comisión de Derechos Humanos y con organismos ciudadanos autónomos fuertes y al servicio de los ciudadanos y no del gobierno. Pero como desgraciadamente hoy no es así, la única batalla que los ciudadanos podemos dar es la de recuperar en las urnas la democracia perdida.

"No hay servicio público
sin opinión pública".

Yo