SIAPA o SIATA

Hasta que escuché a un experto hablar del problema del agua en las ciudades y en el campo, y de la nueva Ley de Aguas que se ha comenzado a discutir, me di cuenta del grado de complejidad, de las innumerables aristas y consideraciones técnicas, económicas y sociales que tiene.

Si bien coincido en que es urgente legislar al respecto, espero que el proyecto de ley no se someta a votación sino hasta que todas las recomendaciones de los expertos hayan sido no solo escuchadas, sino incluidas. Lo digo porque de nada sirve escucharlos, si al final no los toman en cuenta y terminamos con una ley que como remedio resultará peor que la enfermedad.

Según han dicho las autoridades, los principales objetivos de esta ley son: ordenar la gestión del agua, regular concesiones para evitar el acaparamiento y garantizar el acceso como derecho humano. Pero detrás de estos válidos y necesarios propósitos, está el antidemocrático, nada noble y permanente objetivo de la 4T: controlarlo todo. Y qué más control y poder puede haber que tener la capacidad para decidir a quién darle agua y a quién no.

Estoy de acuerdo con lo que conceptualmente dijo la Presidenta, que el agua no debe ser "una mercancía transmisible y vendible entre privados" y que se requiere una ley que evite acaparamientos que benefician a pocos y perjudican a muchos, pero como dicen, el diablo está en los detalles.

El agua se concesiona para diversos usos, cada uno con diferentes procedimientos de abastecimiento y distribución, con diferentes lógicas de consumo, desecho y reutilización y con diferentes costos y posibilidades de cobro. Es obvio, no es lo mismo una concesión de agua para uso agrícola o industrial, que para la generación de energía, que para el desarrollo urbano, o para fabricar refrescos y vender agua embotellada.

Conocedores de la materia advierten varios problemas en el proyecto de ley planteado. Uno de ellos es que si el gobierno federal, con su conocida ineficiencia, corrupción y sesgos ideológicos, será el que decida a quién se le otorgan concesiones de agua, a quiénes se les renuevan y a quién no, por qué cantidades, por cuánto tiempo, etcétera, se generará una incertidumbre para la operación de miles de empresas cuya operación y viabilidad dependen de ello, será un freno para la inversión nueva y se creará un monstruo con enorme capacidad de extorsión oficial, sobre todo hoy que han desaparecido los organismos autónomos que podrían regular el agua atendiendo a criterios técnicos.

Otro problema es el conflicto que surgirá entre el gobierno federal y los municipios que tienen hoy no solo la facultad sino la obligación constitucional de prestar los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, lo cual por lo general ejercen a través de organismos operadores de agua locales conocidos como Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPAs), y que en muchas ciudades están a punto del colapso debido a una serie de factores, que van desde la necesidad de cambiar redes de tuberías envejecidas, corroídas y contaminadas con aguas residuales, hasta procesos de tratamiento que eliminen parásitos, plomo, metales, etcétera. Si así lo hicieran, si la mal llamada "agua potable" fuese apta para consumo humano directo (como lo es en países como Dinamarca, donde el agua del grifo es bebible) los ciudadanos no tendríamos que pagar dos veces para tener el agua que necesitamos: la de "la llave" que usamos solo para fines domésticos, y la embotellada que compramos para beber.

Mientras el agua que provee el SIAPA no sea realmente potable, este organismo debería cambiar su nombre a SIATA (Sistema de Agua Tratada y Alcantarillado) porque lo de potable hasta hoy es solo es un decir.

Si el gobierno federal quiere darle al agua la categoría de derecho humano -lo cual no significa que deba ser gratis (debe ser asequible, mas no gratis)-, debe establecer presupuestos y mecanismos eficientes para garantizar que ese derecho se pueda ejercer primero en su forma más básica: proveyendo agua apta para consumo humano, y luego para todo lo demás. Esta ley va a funcionar solo si dejan las decisiones en manos de expertos independientes, y si ponen el dinero donde ponen la boca.

"Un cargo público es temporal, un cargo de conciencia es para siempre".

Yo