Soberanía y sumisión
El presidente Donald Trump ha dicho que los cárteles de la droga controlan México y que el gobierno no hace lo suficiente para combatirlos, dejando entrever inclusive la posibilidad de actuar directamente contra ellos.
El principio de soberanía reconocido por el derecho internacional implica que ningún país debe permitir que otro gobierno decida cómo aplicar sus leyes dentro de sus fronteras, o actúe unilateralmente en su territorio. En ese sentido, la respuesta de la presidenta Sheinbaum en defensa de la soberanía nacional ha sido clara: cooperación sí, subordinación no.
El problema surge cuando el argumento de la soberanía es solo una excusa para salvaguardar intereses políticos y económicos y dejar intactas las redes de corrupción que protegen organizaciones criminales cuyas operaciones afectan a otros países.
Las drogas y el dinero cruzan fronteras; las armas cruzan fronteras; las redes de lavado de dinero cruzan fronteras. También las personas, las comunicaciones y las estructuras políticas y empresariales utilizadas para ocultar actividades y recursos ilícitos. Por ello, pretender combatir un fenómeno de esa naturaleza exclusivamente desde una frontera es poco realista.
En casos como éste, la cooperación internacional es una necesidad. Ni México ni Estados Unidos pueden resolver el problema sin la colaboración del otro. Para enfrentar eficazmente estas complejas, violentas y poderosas organizaciones criminales, es indispensable intercambiar inteligencia, rastrear recursos financieros, investigar operaciones internacionales, agilizar procesos judiciales y coordinar acciones contra ellos.
La discusión entonces no es cooperar o no cooperar, sino definir qué tipo de cooperación es compatible con la soberanía y qué acciones la vulneran, así como establecer obligaciones y compromisos para el logro de los objetivos (supuestamente) comunes.
Pero si una de las partes no hace lo que le corresponde, si no investiga hasta las últimas consecuencias los posibles vínculos entre cárteles, políticos y empresarios, la cooperación termina siendo un juego de simulación. Más cuando existen sospechas fundadas de que en México en lugar de investigar con seriedad las acusaciones e indicios que apuntan a posibles nexos entre políticos con organizaciones criminales, éstas se desestiman o descalifican.
Una acusación no constituye una prueba y la sospecha no equivale a culpabilidad. Nadie debe ser considerado responsable de un delito solamente por una denuncia o por una acusación formulada por otro gobierno. Pero por las mismas razones, ningún funcionario debería quedar fuera de una investigación simplemente porque la acusación resulta políticamente incómoda.
Si existen señalamientos concretos, lo que corresponde es investigar con independencia, analizar las pruebas y dejar que las instituciones determinen responsabilidades.
Esto es importante porque la soberanía pertenece al Estado, no a quienes temporalmente ocupan el poder, y ejercerla requiere instituciones independientes que garanticen el Estado de derecho, de lo contrario, la defensa de la nación termina siendo una defensa a la corrupción y la impunidad. Y eso, lejos de debilitar a las organizaciones criminales, las fortalece.
Lo que más debilita el argumento de la soberanía de México es la sospechosa ausencia de investigaciones sobre acusaciones documentadas de corrupción, complicidad o protección política a organizaciones criminales, como las que el gobierno de EU dice tener.
Una nación verdaderamente soberana no es aquella que impide que otros opinen, señalen o investiguen sus problemas, sino aquella que cuenta con la capacidad y la voluntad para investigarlos por sí misma y hacer cumplir la ley sin importar a quién alcance. De no ser así la pérdida de soberanía, es decir la sumisión, no será a un gobierno extranjero, sino a las organizaciones criminales.