No pasa nada
Para que los pobres sean
primero, los políticos
deben ser los últimos.
Este lunes, abrí el periódico y lo primero que leí fue:
"Recibe PT 66 millones de pesos de contratista de la 4T". Qué novedad, me dije, haciendo dos preguntas con la ironía de sus obvias respuestas: ¿por qué razón un contratista daría esa cantidad de dinero a un partido político? R: para obtener contratos cuyas utilidades superen con creces el "donativo"; ¿por qué frente a las evidencias, las autoridades no investigan, aplican la ley y castigan al contratista, al partido político y a sus dirigentes; por qué no pasa nada? R: porque al mismo tiempo son juez, parte y cómplices.
Los detalles de la nota, basada en una investigación hecha por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (a quien el SAT "casualmente" le revocó la categoría de Donataria Autorizada), confirmaban las sospechas: el contratista que transfirió al menos 65.8 millones a empresas fantasma administradas por César Adrián Gamboa Montejo, operador financiero del PT en Quintana Roo para las campañas de la ahora Gobernadora Mara Lezama y de la actual Presidenta Claudia Sheinbaum, fue Grupo Tecno, empresa que en julio de 2020, durante el gobierno de AMLO, obtuvo un contrato con la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces a cargo de Marcelo Ebrard, para producir los pasaportes en el periodo de 2021 a 2026 por nada menos que 3 mil 800 millones de pesos.
El reportaje mostraba además fotografías de las oficinas de las supuestas "empresas" que recibieron las millonarias transferencias, tratándose de humildes viviendas de obreros y empleadas cuyas identificaciones fueron usadas para darlos de alta como "socios-accionistas" de esas empresas, y lo que en estos casos nunca falta: fotografías del operador financiero del PT disfrutando la vida en París y Venecia.
El esquema de corrupción e impunidad que caracteriza a Morena es burdo y ofensivo: empresas "fantasma" creadas al amparo del gobierno, adjudicaciones directas, en muchos casos a compañías sin experiencia y con sobreprecios para poder subcontratar todo; ocultamiento de información bajo el argumento de "seguridad nacional" o de "protección de datos personales"; moches, subvaluaciones, alteración de documentos y hasta reclasificaciones aduanales, como la del famoso "huachicol fiscal", con el que han robado al erario cientos de miles de millones de pesos sin que hasta ahora haya algún detenido de alto perfil.
Todo ligado siempre a compinches, familiares y amigos del clan de la 4T, un movimiento político que llegó a obtener el gobierno con dos únicos y bien escondidos fines: desviar recursos públicos y mantenerse en el poder para seguir desviando recursos, en un perverso círculo vicioso que difícilmente se podrá romper, toda vez que Morena y sus aliados mañosamente secuestraron la democracia, eliminaron de facto la separación de poderes, cooptaron a todos los organismos autónomos y amenazan la existencia y viabilidad de los partidos de oposición y de las organizaciones de la sociedad civil.
Ante la obviedad de este círculo de corrupción y poder, resulta difícil entender por qué millones de personas continúan apoyando a Morena, un partido que en los hechos ha demostrado ser lo contrario a su bandera fundacional de honestidad, transparencia y combate frontal a la corrupción.
Hoy esos argumentos morales que sirvieron para ganar votos frente a los excesos del pasado entran en contradicción con la realidad.
La información que se difunde de los múltiples actos de corrupción no son rumores aislados ni ataques sin sustento de una oposición que busca "mantener privilegios", como el gobierno en su defensa afirma; son trabajos que presentan documentos, contratos, videos, fotografías, vínculos empresariales y patrones que, cuando menos, deberían detonar investigaciones formales e independientes.
Sin embargo, a pesar de las evidencias, no pasa nada. La respuesta institucional es la negación. El discurso oficial se limita a descalificar, minimizar o desviar la atención, y le pide a la sociedad civil que "presente pruebas", como si la carga de investigar correspondiera a los ciudadanos y no al Estado.
No se trata de una discusión ideológica, como la 4T interpreta cualquier señalamiento de corrupción o abuso de poder en sus filas, sino de defender los principios básicos de la democracia, la solidez de las instituciones y la posibilidad real de combatir la corrupción que se prometió erradicar.
"Para que los pobres seanprimero, los políticosdeben ser los últimos".
Yo