Sancionar no es reprimir
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha llevado a cabo, con lujo de violencia y total impunidad, múltiples manifestaciones, plantones y bloqueos carreteros en varias ciudades y estados del país, con la intención de presionar al gobierno federal para obtener respuesta a sus demandas.
Si bien la protesta es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y en tratados internacionales, ésta tiene límites: no puede derivar en violencia, vandalismo, destrucción de infraestructura, saqueos o acciones que afecten derechos de terceros, como la movilidad, el comercio y los servicios públicos, entre otros.
Cuando la protesta se convierte en la comisión de delitos, pierde su protección democrática y el Estado tiene la facultad (y la obligación, diría yo) de aplicar la ley con proporción y transparencia. No hacerlo convierte los bienes públicos y los derechos de todos en moneda de cambio, en herramienta de presión política para exigir lo que sea.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los actos vandálicos durante las protestas de la CNTE son inaceptables, sin embargo, esas declaraciones no se han traducido en acciones de investigación y sanciones efectivas a los responsables del vandalismo.
El gobierno confunde la aplicación de la ley con represión. Esta confusión ha debilitado la legitimidad del Estado para proteger tanto lo común como lo privado y ha hecho que la violencia y la coacción sean ahora un eficaz y recurrente mecanismo de negociación.
En otras palabras: para no ser acusado de ser "represivo", el gobierno ha aceptado ser extorsionado, en este caso por la CNTE, una organización radical que nunca concilia, poco o nada tiene que ver con la calidad de la educación pública, y que condiciona la paz ciudadana, la movilidad y el funcionamiento de servicios públicos a la satisfacción de sus demandas. La CNTE le ha tomado la medida al gobierno. Sabe que provocar caos con garantía de impunidad es mucho más redituable que negociar civilizadamente.
Lo malo es que el método comienza a ser imitado por otras organizaciones, generando un costo enorme para el país y empobreciendo (aún mas) la vapuleada democracia. Aplicar la ley, y sancionar a quienes destruyen todo a su paso y afectan los derechos de otros, no significa reprimir. Reprimir es usar la fuerza de manera desproporcionada o ilegítima para acallar disidencia pacífica. Este miedo o resistencia a aplicar la ley tiene múltiples consecuencias.
Para empezar, mina la confianza en la capacidad del Estado para regular la convivencia. Si quienes rompen la ley no enfrentan consecuencias, quiere decir que las normas no rigen para todos. Cuando una manifestación se vuelve agresiva, las demandas o el mensaje político original se pierden y las agresiones se vuelven el foco del debate, reduciendo la posibilidad de generar acuerdos y reformas duraderas.
Por otro lado, tolerar manifestaciones violentas redefine la cultura cívica, ya que la solución de conflictos o la obtención de prebendas dependen de la fuerza callejera y no de razones y argumentos, lo que beneficia a grupos y personas que cuentan con recursos y capacidad de movilización.
En ningún caso se deben aceptar la violencia y destrucción como parte de un reclamo. Es como aceptar negociar con terroristas. La tarea es difícil, pero es necesario garantizar que los actos de violencia y vandalismo serán investigados y sancionados con justicia. Solo así se preserva lo común y se les da sentido y eficacia a las demandas legítimas que buscan transformar la sociedad.
Atendiendo al dicho popular que dice "sobre aviso, no hay engaño", y para que nadie confunda la aplicación de la ley con represión, lo que todos los niveles de gobierno debieran comunicar a la sociedad, y en particular a los grupos disidentes o inconformes, es que de ahora en adelante, quien destruya propiedad pública o privada, quien afecte los derechos de otros, provoque caos o utilice la violencia como herramienta política y método de presión para negociar cualquier asunto, será sancionado de manera proporcional conforme a la ley.
Esta es la única manera de defender, al mismo tiempo, el derecho constitucional a la protesta pacífica, los derechos de todos y de evitar la normalización de la violencia como método de negociación.
"El caos social es la penitencia
por el pecado de omisión ciudadana".
Yo