28 de diciembre
Pienso que nadie en su sano juicio está en contra de que las "audiencias", es decir, todos, tenemos derecho a recibir información veraz y oportuna, a poder identificar la diferencia entre información y opinión y entre publicidad y contenido editorial.
El problema, como siempre, no está en los objetivos, sino en el cómo, y ahí es donde "la puerca tuerce el rabo".
El gobierno de la 4T se ha caracterizado por dar falsas soluciones a verdaderos problemas: decidió combatir la pobreza con dádivas sin generar condiciones estructurales para salir de la miseria; la violencia y la inseguridad, con "abrazos"; la crisis de salud pública, con el fallido Insabi y la eliminación del Seguro Popular; el desabasto de medicinas, con una "megafarmacia"; la corrupción, con una retórica de "austeridad republicana" y sin órganos autónomos que los llame a cuentas, etcétera.
Si bien el "diagnóstico" de los problemas es en general acertado, las soluciones dadas han sido, en unos casos, insuficientes, y en otros, mal diseñadas o, francamente, contraproducentes.
Ahora, frente al problema de la proliferación en los medios de contenidos engañosos o descontextualizados o de opiniones disfrazadas de noticias que inducen a error y desinforman, el gobierno propone otra mala solución: los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.
A mi juicio, lo que buscan con estos lineamientos no es proteger a la audiencia, sino frenar la crítica e intimidar a quienes informan y publican investigaciones sobre corrupción o negligencia gubernamental, amparándose en criterios subjetivos y discrecionales.
Tan es así que la vigilancia, interpretación y aplicación de estos lineamientos estarán a cargo de un órgano regulador que podrá imponer multas acumulables por cada infracción, de hasta el 1% de los ingresos de cualquier medio o programador de contenidos responsable de difundir información que la autoridad, a su criterio, considere "no veraz" o "descontextualizada". El efecto más probable de estas cuantiosas multas será la inhibición.
Es importante mencionar que el órgano regulador será todo menos autónomo: sus integrantes serán propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, el cual, como es sabido, opera al servicio de la Presidenta.
Si tan buenos son estos lineamientos para los ciudadanos, ¿por qué no se aplican con el mismo rigor a la Presidenta, funcionarios públicos y partidos políticos que cotidianamente manipulan información, difunden "otros datos" sin comprobarlos y utilizan medios de comunicación oficiales para desacreditar y estigmatizar a periodistas y opositores?
La preocupación por la desinformación es real, pero la solución no puede ser una ley que termine minimizando errores y delitos o castigando el disenso.
Lo que ocurrirá en la práctica es que para evitar sanciones todos los medios, analistas y columnistas tenderán a "suavizar" la información y sus opiniones. El uso de eufemismos y fórmulas elusivas será sistemático: ya no habrá "ejecutados", habrá "personas encontradas sin vida"; la corrupción y los desfalcos serán "irregularidades administrativas"; el descarrilamiento de un tren o el colapso de un puente serán "hechos en investigación" o simples "incidentes", y donde haya una acusación o una denuncia frontal, aparecerá una frase cautelosa que rebaje el golpe.
Todo lo que se diga tendrá que formularse de modo que no pueda interpretarse como una afirmación de culpabilidad antes de que un tribunal así lo resuelva, lo cual, con una impunidad cercana al 99%, en la práctica significará... nunca.
Las noticias y las opiniones parecerán equilibradas, pero en realidad se habrán desactivado: informarán lo suficiente para existir, pero no lo necesario para concientizar a la sociedad o incomodar a la autoridad y obligarla a actuar.
Los hechos desfavorables o vergonzantes solo podrán insinuarse, disfrazando la realidad con un lenguaje que, en lugar de proteger a la audiencia, protegerá al gobierno de tener que enfrentar públicamente sus propias fallas.
El problema no es estilístico, el problema es que los eufemismos maquillan la realidad.
Decidí titular este artículo "28 de diciembre" para proponer -por congruencia- que si estos lineamientos entran en vigor el Día de los Inocentes -fecha en la que lo único que circula son noticias falsas-, se declare el Día de las Audiencias.
"Las falsas esperanzas son verdaderas mentiras".
Yo